Un grupo de estudiantes de escuelas técnicas, acompañados por sus familias y docentes, presentó una acción de amparo ante la Justicia para intentar frenar la aplicación de un artículo del Presupuesto 2026 que, según sostienen, implica un fuerte retroceso en el financiamiento de la educación técnico profesional. La presentación judicial cuestiona específicamente el Artículo N°30 de la ley, al considerar que la modificación es inconstitucional y vulnera derechos adquiridos.
El planteo surge tras la aprobación del presupuesto por parte del Congreso y apunta a tres cambios centrales introducidos por el artículo en cuestión. En primer lugar, se elimina la meta de inversión educativa equivalente al 6% del Producto Bruto Interno establecida por la Ley de Educación Nacional.
En segundo término, se derogan artículos de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fijaban parámetros mínimos de financiamiento para el sector. Finalmente, se suprime el Artículo N°52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba un fondo específico equivalente al 0,2% del presupuesto destinado al Sector Público Nacional para sostener a las escuelas técnicas.
